Ahora resulta que tampoco podremos circular por los montes públicos cuando haya cacería. El año comenzaba con esta noticia que ha pasado casi desapercibida. Entre cazadores, Parques Naturales, zonas valladas y otros impedimentos, para salir a dar pedales al monte habrá que pedir turno y/o sacarse un carnet y, por supuesto, pagar una tasa o cualquier emolumento supuestamente justificado.

No sé si es cuestión de las sociedades modernas o de los políticos modernos, pero todo parece que se soluciona con regulaciones intervencionistas. Casualmente esas legislaciones siempre benefician a los colectivos más cercanos a los que regulan, bien por tradición, bien por capacidad de lobby, es decir, poder económico.

Si algo debería caracterizar a las sociedades modernas es su tolerancia y respeto entre todos los colectivos que alberga. La educación y la concienciación debería ser la fuente de las soluciones, y las normativas excluyentes solo el último recurso. En su lugar, vemos como cada vez se usa más el Real Decreto para legislar (e imponer) una forma de ver las cosas, generalmente sesgada, unilateral y poco empática. ¡Qué atrevida es la ignorancia!

Si esta legislación sale adelante, ¿qué significará ello en la práctica? Uno podría pensar que existirá un registro público, único y accesible “online” donde se anunciará con suficiente antelación que tal día, en tal partida, de tal pueblo el monte público permanecerá cerrado al uso de la población para que unos pocos se líen a tiros detrás de unos jabalíes. Sin embargo, me temo que no será esa la práctica. Más bien la realidad será que el ayuntamiento del pequeño pueblo en cuestión colgará en su recóndito tablón de anuncios un papel, un día antes, comunicando que mañana hay batida por la zona. Ese papel eximirá de cualquier responsabilidad a los cazadores en caso de accidente. Será responsabilidad del excursionista, ciclista o recolector de setas informarse adecuadamente y conocer si ese día toca caza o el monte está libre.

¿Cuál es la solución idónea? No lo sé. Pero se me antoja que prohibir y expulsar a muchos ciudadanos de los montes públicos no parece la solución más democrática. Este tipo de propuestas polémicas, como la reciente del uso obligatorio del casco por la ciudad, solo demuestran el escaso interés y conocimiento de nuestros legisladores sobre las materias que regulan. ¿Cuántos técnicos y políticos que proponían el casco obligatorio en la bicicleta al circular por la ciudad se desplazan con ella por nuestras calles? ¿Cuántos han visitados otros países más avanzados que el nuestro en esta materia para ver cuál es la práctica común allí? ¿Cuántos han leído y estudiado alguno de los estudios que universidades de otros países han publicado sobre el tema? Creo que pocos, muy pocos.